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jueves, 25 de agosto de 2011

Coalición Canaria de La Palma defiende mantener ayuntamientos y cabildos frente al debate sobre la supresión de administraciones locales


Coalición Canaria de La Palma quiere aportar su posicionamiento al debate surgido en los últimos días entorno a si se debe o no suprimir administraciones locales para reducir el gasto público. En este sentido, nuestro partido siempre ha abogado, y ahora más que nunca lo seguirá haciendo, por una incondicional defensa de instituciones como los ayuntamientos o los cabildos. Por encima de otras consideraciones, se debe tener en cuenta que se trata de administraciones públicas que tienen su razón de ser en la proximidad y la inmediatez de actuación de cara a la ciudadanía. En el caso concreto de los ayuntamientos, y especialmente en el caso de Canarias, éstos han venido asumiendo en las últimas décadas una cantidad cada vez mayor y más variada de servicios. Muchos de estos servicios (la Federación Canaria de Municipios estima que en torno al 30% de los servicios prestados) derivan de competencias que por ley no les correspondería asumir.

En el afán por poner a disposición de sus vecinos y vecinas servicios que de otra manera no tendrían, la consecuencia lógica ha sido el endeudamiento cada vez mayor de los ayuntamientos. Esta tendencia a aumentar su desequilibrio presupuestario asumiendo más competencias de las estipuladas por la ley sin la adecuada cobertura financiera, agravada con la actual situación de crisis, ha desembocado en situaciones como la que recientemente se ha hecho pública con respecto al Ayuntamiento de Garafía y las dificultades que atraviesa para hacer frente al pago de las nóminas de sus trabajadores.

Por otro lado, es falaz el argumento de que suprimiendo ayuntamientos se reduce de forma importante la deuda pública española. Según datos del Banco de España, al cierre del primer trimestre del presente 2011 ésta ascendía a 679.779 millones de euros (63,6% del PIB), de los cuales 521.007 m€ corresponden a la deuda contraída por el Gobierno de la Nación, 121.400 m€ a las Comunidades Autónomas y sólo 37.352 m€ a las corporaciones locales (ayuntamientos, cabildos y diputaciones). Porcentualmente los ayuntamientos españoles sólo generan el 5,5% de la deuda pública total del país. Pero es más, sólo los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga Sevilla y Zaragoza acaparan, a su vez, el 73% de la deuda generada por todos los ayuntamientos de España.

Ante estas circunstancias Coalición Canaria de La Palma estima que la solución para reducir el gasto en las administraciones públicas pasa, ineludiblemente, por acometer una reforma del marco competencial que determine y defina taxativamente las competencias que debe asumir cada administración y la correspondiente ficha financiera para desarrollarlas, evitando la superposición de las mismas. Así mismo, aprovechando la propia configuración territorial y administrativa de Canarias, se debe fomentar la insularización de algunos servicios bajo la coordinación de cabildos y ayuntamientos permitiendo, a partir de la optimización de los recursos públicos, una reducción del gasto. Finalmente, resulta evidente que ninguna de estas medidas de reorganización administrativa tendría efecto si luego dentro de cada ayuntamiento y de cada cabildo no se aplican disposiciones que permitan racionalizar el gasto y rentabilizar al máximo los recursos públicos, de manera que, como mínimo, se garantice la cobertura de los servicios básicos que garantiza la ley al ciudadano. En resumen, no sobran las administraciones, lo que procede es mejorar la eficacia y la coordinación en su gestión.

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