El tribunal señala que no existe ni un mínimo indicio contra ella.
La senadora popular, que siempre ha mantenido su inocencia en el caso, mostró su satisfacción por la resolución que archiva definitivamente por falta de indicios la acusación abierta en su contra.
María de Haro ha mostrado su "más absoluta satisfacción" al conocer la resolución del Tribunal Supremo que ha archivado de forma definitiva la causa abierta hace casi 5 años en su contra, a raíz de ocupar, como cargo público, durante menos de 6 meses, el cargo de Directora de Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias (ESSSCAN), y por la que se le imputó en una supuesta trama de falsificación de títulos relacionadas con un sindicato de Cádiz.
“Siempre he defendido mi inocencia” afirmó la senadora popular quien manifestó que la resolución hecha pública recientemente “tan sólo viene a confirmar que quienes cuestionaron mi trabajo en su momento, independiente de la intencionalidad que les movía a ello, no tenían razón alguna para hacerlo”.
De Haro añadió que a pesar de la serenidad y la confianza que ha mantenido en todo momento sobre este hecho, “no cabe duda que ha sido una etapa personal, profesional y familiar muy dura, en la que he tenido que soportar los avatares de verme cuestionada técnica, jurídica y socialmente”.
La senadora del PP destacó que lo importante es que es una muestra de que “no puede haber indicios de algo que jamás y nunca existió”. Buena prueba de ello resulta para De Haro el hecho de que contra el auto, ni el Ministerio Fiscal ni las partes implicadas interpusieran recurso algo, por lo que finalmente el Tribunal Supremo “lo declara firme y archiva mi causa, sin dar pie a más trámite”
Finalmente agradeció a todas aquellas personas, muchas de ellas anónimas, vecinos, familiares, amigos y compañeros que durante estos casi cinco largos años “me han dado infinitas muestras de apoyo para llevar día a día, la sombra generada sobre mi persona y me han trasmitido las fuerzas necesarias para hacer más llevadera esta situación”.
Señala, además, de Haro, que “le resulta sorprendente que ni el Gobierno de Canarias, en su día, se personara en la causa, dado el perjuicio que se le causaba a un organismo público, y a su personal, afectando a tres cargos públicos de la misma, como también, que en ningún momento se le ofreciera la defensa por el Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma”, algo lógico puesto que los hechos se remontaban al breve periodo, menos de 6 meses, que ostentó el cargo de Directora de la Escuela.
El caso Catis saltó a la luz pública a finales del año 2010 sembrando la duda sobre la gestión de María de Haro por su participación en una trama que presuntamente expedía de forma fraudulenta títulos formativos, emitidos por un sindicato en Cádiz y los validaba la Escuela de Servicio de Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias, de la que fue directora María de Haro. El caso, iniciado en el Tribunal de Cádiz, fue derivado al Tribunal Supremo, al encontrarse la senadora aforada.
El auto muestra con gran contundencia que en la exposición de hechos realizada por el Juzgado responsable de abrir la causa como María de Haro no se menciona literalmente ni se justifica en modo alguno elementos fácticos o indicios de criminalidad “que haya sido objeto de una determinación y una valoración por parte del Juez de Instrucción, y sobre los que fundamente la exposición que remite”.
