A pesar de la buena gestión realizada en estos tres años de legislatura, la
situación económica del Ayuntamiento sigue siendo muy delicada.
La deuda o carga financiera se ha reducido en más de 300.000 €, se han cancelado créditos suscritos en la anterior legislatura, se han cancelado muchas deudas requeridas judicialmente, deudas algunas tan altas como las de LOPESAN Y POLYGRASS que ascendían entre los dos a 300.000 €, de los que más de 100.000 € eran de intereses, y otras como la de Gesplan de la que se han abonado 83.000 € quedando pendientes 129.000 €, se han pagado a proveedores por valor superior a 1 millón de euros, finiquitos de los 250 trabajadores que nos encontramos al comenzar la legislatura sin estar presupuestado. En el capítulo uno también se ha reducido el gasto.
A pesar de todas estas gestiones la situación sigue siendo muy delicada porque aun quedan muchas deudas contraídas, que afortunadamente se han ido solventando con planes de pagos a vecinos con dificultades. A esto se le suma la falta de ingresos que tiene la administración local, concretamente hay que resaltar los más de 930.000 € que están aún pendientes de cobro por parte del Ayuntamiento correspondientes a tributos desde el año 2009 hasta la actualidad. Todo esto sin contar los 400.000 € perdidos por dejarlos prescribir en su momento.
Estas deudas han sido requeridas en multitud de ocasiones, y por todas las vías legalmente establecidas, y dando todas las facilidades posibles para al pago, incluyendo los aplazamientos y fraccionamientos de pago. La Tesorería Municipal ha agotado todas estas vías posibles de comunicación y aviso, y a falta de estas posibles solicitudes de fraccionamiento o aplazamiento por parte de algunas personas tiene la obligación de iniciar la última vía que le exige la ley “iniciar los trámites de embargos de bienes en el orden establecido en la Ley General Tributaria a aquellas personas o entidades que les haya notificado por diferentes vía la deuda pendiente y no hayan solicitado el fraccionamiento o el aplazamiento, dando el silencio por respuesta”.
Esta es una medida que establece la ley, los embargos preventivos y su posterior ejecución con el fin de evitar la evasión de las responsabilidades que las mayoría de contribuyentes han cumplido, en este caso el pago de sus obligaciones ante la hacienda local. Muchos vecinos y vecinas con grandes dificultades han abonado sus tributos municipales, mientras que otros no los han hecho durante muchos años, mucho antes de entrar la crisis, ni siquiera habiéndoles ofreciendo facilidades de pago, por lo que se considera desde la corporación local como algo injusto, desigualitario e insolidario ya que de los servicios y diferentes proyectos que ser realizan en el municipio son beneficiarios todos y todas, mientras que son sufragados solo por los que cumplen con sus obligaciones.
Como dato informativo que refleja claramente la gravedad del tema, esta deuda supone el 40 % de la deuda bancaria del ayuntamiento, el 21 % del presupuesto del 2014 y el pago de los trabajadores municipales durante 6 meses. Es muy difícil así poder mantener los servicios esenciales para los vecinos y vecinas, cuando los gastos superan los ingresos y los pocos que entran se van en nóminas del personal, deudas bancarias, planes de pagos y gastos corrientes (luz, teléfono, agua y material de administración) y muchas veces hay dificultades incluso para poder sufragar estos.
Es por ello, que se ha intentando por todas las vías hacer entender la necesidad de cumplir con esas obligaciones, entendiendo aquellas situaciones especiales que no son la mayoría, y se ha ofrecido que se soliciten los planes de pagos pertinentes, existiendo en este momento más de 300 solicitudes aprobadas, pero aún así hay personas y entidades que no han respondido los requerimientos ni se han dirigido a la administración, por lo tanto el procedimiento establecido por ley se va a poner en marcha por parte de la Tesorería Municipal, como se hace en el resto de los Ayuntamientos de Canarias tal y como exige la Ley.
