(Clik sobre la imagen para ampliar)
sábado, 17 de septiembre de 2011
El Centro de Recuperación del Papel del Cabildo cumple diez años rehabilitando el patrimonio documental de la Isla
El Centro de Conservación y Restauración de Documento Gráfico del Cabildo de La Palma cumple diez años realizando los trabajos de recuperación de parte del patrimonio documental de la Isla, culminando sus procesos de conservación y restauración.
La presidenta insular, Guadalupe González, señala que el Centro también colabora en acciones puntuales, y de forma altruista, con entidades de otras islas, con lo que crece la proyección de su trabajo de la misma manera que sus funciones y ejercicios.
Durante estos años el Cabildo de La Palma ha propiciado la recuperación de numerosos protocolos notariales, fotografías, acuarelas, grabados, ilustraciones, libros de bautismo y defunción de las iglesias palmeras, cuadernos de bitácoras, planos y un sin fin de documentación que contribuyen a engrandecer el patrimonio histórico de la Isla.
Durante el último año, el Centro de Conservación y Restauración de Documento Gráfico del Cabildo de La Palma recuperó, entre otras obras, la segunda caja de protocolos notariales de Pedro Belmonte, de 1559; el libro de cuentas de la Ermita de Nuestra Señora de La Piedad, en Puntallana; el libro de cuentas de fábrica de la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria en Tijarafe, de 1567, y dos acuarelas enmarcadas de Bruno Brandt, del Ayuntamiento de El Paso.
En estos momentos, se trabaja en otros protocolos notariales depositados en el Archivo Insular, en cartografías del Museo Naval, en el cuarto libro de bautismos de la Iglesia de Santo Domingo de Garafía, y en el libro de pósitos agrícolas de San Andrés y Sauces de 1690, entre otros.
Las obras serán sometidas a un complejo y variado proceso de restauración, de acuerdo con las peculiaridades de cada una, y siguiendo criterios de prioridad conforme a su estado de conservación.
Guadalupe González señala que con la ingente labor realizada por los dos técnicos del Centro de Conservación y Restauración de Documento Gráfico, se permite la rehabilitación de los mismos y la posibilidad de dar a conocer la historia y patrimonio de la Isla, sin correr riesgos innecesarios de deterioro, daño o incluso pérdida de la memoria escrita y gráfica de La Palma.
CEPYME La Palma invita a las administraciones locales a solicitar créditos oficiales para pagar las deudas con las empresas de la Isla
La Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de la isla de La Palma (CEPYME La Palma) ha solicitado a los ayuntamientos de la Isla la necesidad de que recurran a la financiación oficial para hacer frente a la deuda que mantienen con las empresas y autónomos palmeros que les prestan suministros, obras y servicios.
En ese sentido, el presidente de la Patronal palmera, Tomás Barreto, indica que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha abierto una nueva línea destinada a las corporaciones locales para tal fin, con la que se pueden abonar facturas anteriores al 31 de abril del año en curso.
Para acceder a estos créditos, ICO abre un plazo hasta el 30 de noviembre para cursar las solicitudes, no pudiendo superar la cuantía del préstamo el 28% de la cantidad percibida por la participación de la entidad local en los Tributos del Estado en 2011.
Una vez aprobada la operación por el ICO, será este Instituto el encargado de abonar directamente a los proveedores en su cuenta bancaria el importe de la factura incluida en la petición.
Según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, los ayuntamientos canarios tienen pendiente el pago de más de 824 millones de euros a las empresas y autónomos de las Isla, con el consiguiente prejuicio que esto supone para las PYMES del archipiélago.
Tomás Barreto señala que ésta es una oportunidad que deben aprovechar las instituciones públicas palmeras, que, aunque mantengan sus planes de austeridad y estabilidad económica, podrán solventar sus deudas con los consiguientes beneficios para el empresariado palmero, que redundará en la conservación de puestos de trabajo y la generación de nuevas economías, dejando de esta forma de financiarse a costa de las empresas.
El ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ahorrará cerca de 9.000 euros al racionalizar el gasto en mantenimiento de ascensores
Nieves Pilar Rodríguez señala que es resultado de una gestión racional en el uso de los ascensores de los edificios municipales
El ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha tomado una serie de medidas para racionalizar el gasto en el mantenimiento de los ascensores en edificios municipales, dentro de la política de contención de gasto presupuestario que ha comenzado a aplicar el nuevo Grupo de Gobierno municipal. La puesta en marcha de estas medidas se traducirá en un ahorro anual de 8.887 euros para las arcas públicas.
Según explica la concejal de Economía, Hacienda y Cuentas de Santa Cruz de La Palma, Nieves Pilar Rodríguez, este ahorro es el resultado de aplicar “una gestión racional en el gasto de mantenimiento de los ascensores en los edificios municipales, gracias a los acuerdos de financiación alcanzados con la empresa contratada para este servicio”.
En concreto el ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la compañía concesionaria del servicio para modificar los contratos de mantenimiento por un período de tiempo más reducido y con un coste mensual sensiblemente inferior para las arcas municipales. De este modo, se producirá un ahorro de más de 1.000 euros al año en el mantenimiento del elevador en el Centro Cultural Pérez Andreu (donde se ubican las Escuelas Municipales de Teatro, Danza y Folclore) y de más de 1.500 en el ascensor del Mercado Municipal, que ha vuelto a entrar en funcionamiento después de dos años fuera de uso.
Un ahorro aún mayor se producirá al suspenderse el servicio contratado para los ascensores del Museo de Arte Contemporáneo y de la Casa de Cultura de Calcinas. El ayuntamiento ha estado pagando desde 2009 una cantidad superior a los 3.000 euros al año por el mantenimiento de cada uno de estos ascensores pese a que los edificios permanecen sin actividad y cerrados al público, por lo que la concejal entiende que “no tiene sentido pagar unas cantidades tan elevadas para no hacer uso de este servicio”.
“Esto no significa ni mucho menos que el Grupo de Gobierno renuncie a abrir cuanto antes estos espacios”, añade Nieves Pilar Rodríguez. “Sencillamente hemos priorizado el ahorro en unas infraestructuras que están fuera de uso. Por supuesto, en cuanto ambos edificios abran sus puertas al público (y estamos trabajando para que sea cuanto antes) el servicio de mantenimiento volverá a ser contratado”.
El Comité Local de Coalición Canaria de Santa Cruz de La Palma se reúne con el Secretario de Organización Insular
El pasado miércoles 14 de septiembre se reunía en la sede local de CC de S/C de La Palma el nuevo Secretario Insular de Organización de Coalición Canaria, Marcos Lorenzo Martín, con el Comité Local de CC en la capital palmera. Dicha reunión se enmarca dentro de un plan de trabajo que incluye la visita a todos los comités locales de CC en cada uno de los municipios de la isla. Uno de los objetivos básicos que se persigue con estas reuniones es mejorar la coordinación entre todos los órganos locales, insulares y regionales de CC, así como tomar el pulso desde los propios comités locales de aquellos aspectos que mas preocupan a la ciudadanía. Los resultados electorales del pasado 22 de mayo, han vuelto a poner de manifiesto, pese a la política de pactos seguida por PP y PSOE, el mayoritario respaldo que el proyecto político de CC tiene en la isla de La Palma. En este sentido, resulta fundamental ahondar en la vocación de servicio y de cercanía de esta formación política nacionalista y fruto de ello es esta estrategia de contacto directo y periódico de la organización insular con la base del partido.
Otros de los aspectos abordados en la reunión tienen que ver con los preparativos de dos encuentros insulares a celebrar en próximas fechas, el primero de ellos con todos los cargos públicos de CC La Palma, el próximo 24 de septiembre en el Centro Cultural Andares en la Villa de Mazo.
Al mismo tiempo en dicho Comité, presidido por Juan Ramón Felipe, se dio cuenta de treinta nuevas incorporaciones al partido y de la conveniencia de clarificar y actualizar la lista de afiliados, solicitando de los mismos la renovación del compromiso que dieron en su momento, para de esta forma contar exclusivamente con militantes comprometidos con el proyecto político de Coalición Canaria y que en Santa Cruz de La Palma ha servido para acceder a la alcaldía, y de darse las circunstancias oportunas no descartamos volver a la misma pronto. Mientras tanto, seguiremos apoyando a nuestros compañeros en el ayuntamiento y trabajando desde la oposición con lealtad a nuestra ciudad y sus vecinos, y con la responsabilidad que demandan los tiempos.
Amnistía Internacional Grupo La Palma "Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales deben ser exigibles en los tribunales"
España: Ninguna administración pública debe ignorar que la vivienda y la salud son derechos humanos
Amnistía Internacional Grupo La Palma llevará a cabo un acto de calle hoy sábado 17 de septiembre de 2011 en la Plaza de España de Santa Cruz de la Palma.
“Nos derriban sin notificación, sin enseñarnos la orden de entrada al domicilio ni la orden de derribo. Día a día sufrimos humillaciones y discriminaciones por parte de la policía. [...] Dicen de nosotros que somos traficantes y delincuentes, sin embargo, somos gente trabajadora que lleva a sus hijos al colegio como cualquier ciudadano… [...] Nos derriban las casas desde los ayuntamientos y nadie pide ayuda por nosotros.”
Extracto del manifiesto de las personas residentes en la Cañada Real que vienen siendo objeto de derribos (2009).
Santa Cruz de la Palma.- La alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua son derechos reconocidos en los tratados internacionales. España está obligada a respetarlos y a garantizarlos para que todas las personas que ven vulnerados estos derechos puedan reclamarlos ante la justicia. Sin embargo, esto es algo que hoy, en España, no es posible en muchos casos.
En España, donde la pobreza afecta a unos nueve millones de personas, los derechos económicos, sociales y culturales no están suficientemente garantizados en la ley, ni amparados por la justicia de manera adecuada. Tampoco la Constitución los protege plenamente; pueden, por tanto, violarse con impunidad. A pesar de las peticiones de Amnistía Internacional, tanto al presidente del Gobierno como al líder de la oposición, la reciente reforma de la Carta Magna ha sido una oportunidad perdido para garantizar la máxima protección de estos derechos. Por ello, estamos hablando de derechos a la intemperie.
El dato de que el 22 por ciento de la población en España está en riesgo de pobreza tiende a incrementarse en un contexto de crisis económica. Estas cifras engloban no solo a personas que no cuentan con un empleo, sino también a aquellas cuyos empleos no las han librado de la pobreza. Las personas que sufren la pobreza están atrapadas en un círculo de exclusión, violencia, inseguridad y falta de voz; y se enfrentan diariamente a amenazas contra su seguridad y la de su familia.
“Los derechos humanos no son un lujo que deba abandonarse en tiempos de crisis económica, sino que deben ser una prioridad si se pretende que la recuperación económica sea sólida y sostenible. Las obligaciones de los Estados no se extinguen ni se atenúan en momentos de recesión económica”.
Invitación a la acción
Amnistía Internacional La Palma realizará un acto de calle en el que llevará a cabo recogida de firmas de todos aquellos que desean apoyar esta causa.
La organización ha puesto en marcha una recogida de firmas a través de su página web (www.actuaconamnistia.org) para exigir a todos los gobiernos autonómicos y a las personas candidatas a la presidencia del Gobierno central que garanticen en todo el territorio del Estado que las personas puedan exigir y hacer valer sus derechos económicos sociales y culturales, sin discriminación.
Más información
La vivienda es un derecho humano
Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, este derecho humano se vulnera cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías. Por todo el territorio estatal hay familias que pierden su hogar, sus raíces, sus medios de vida, por la acción de las administraciones públicas; como ocurre, por ejemplo, en la Cañada Real de Madrid.
Los desalojos que se realizan sin informar previamente, sin permitir que las personas implicadas participen en las decisiones o sin ofrecer alojamientos alternativos constituyen desalojos forzosos, prohibidos por el derecho internacional y considerados violaciones graves de derechos humanos.
La salud es un derecho humano
Toda persona tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Esto tampoco es una realidad para miles de personas que padecen enfermedades mentales. En España, según datos de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Sanidad, existen únicamente seis psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Los recursos públicos en salud mental son limitados y conseguir un diagnóstico o un tratamiento adecuados presenta enormes dificultades. Para algunas personas que padecen estas enfermedades, el contacto con las autoridades se reduce a la contención policial.
Por otra parte, no toda la población española está cubierta por asistencia sanitaria gratuita en España. Según datos del Ministerio de Sanidad, se estima que entre 90.000 y 180.000 personas podrían carecer de cobertura sanitaria asistencial pública por no recibir ningún tipo de prestación por desempleo, o por no haber trabajado nunca. Esta cifra podría haberse incrementado con la actual crisis económica.
La importancia de la información y la participación
Para exigir y hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales, como son la vivienda o la salud, es necesario garantizar el derecho a participar, a asociarse, a expresarse, a acceder a información sobre los derechos y las vías para ejercerlos, a promoverlos y a reclamarlos. La falta de información afecta al derecho de las personas y asociaciones a participar en las decisiones que los afectan.
Un lenguaje excesivamente técnico u opaco puede contribuir a que se den situaciones de exclusión. Para ciertos grupos de población, como son las personas ancianas, niños y niñas, personas con discapacidades o enfermedades mentales, integrantes de la comunidad gitana, personas ‘sin hogar'’ o inmigrantes, puede estar aún más limitado el acceso a la información. En todos los casos, las mujeres sobre las que concurren factores múltiples de vulnerabilidad social y discriminación, encuentran obstáculos aún mayores.
Esta falta de información sigue contribuyendo a que cientos de miles de personas no puedan salir de la pobreza. Si no cuentan con información pueden ser “presas” fáciles de prácticas abusivas. La información es el primer paso para exigir derechos humanos, y su ausencia incrementa los obstáculos para hacerlo. Estas barreras en España son mayores hasta que no se adopte la ley que regule el acceso a la información.
Falta de respaldo jurídico
En España, los derechos económicos, sociales y culturales no están suficientemente garantizados en la ley ni amparados por la justicia de manera adecuada. Ni siquiera la Constitución los protege plenamente ya que en ella se consideran como meros principios rectores de la política social y económica y no verdaderos derechos humanos exigibles directamente ante los tribunales. A pesar de ello, las legislaciones que desarrollan estos derechos pueden y deben incrementar su respeto, protección y realización.
Cada vez más Estados, a través de reformas legislativas y decisiones de sus tribunales, han incrementado el respaldo jurídico y la protección de estos derechos humanos. La salud, la vivienda o el agua no son derechos menores, tienen el mismo peso legal y merecen un respaldo jurídico adecuado, como han venido advirtiendo diversos organismos internacionales.
Información complementaria
El pasado 26 de agosto, ante el anuncio de la reforma de la Constitución, Amnistía Internacional se dirigió por carta al presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, y al líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, para solicitarles que aprovechen esta oportunidad, o se comprometan para el futuro, incluyendo en la reforma la máxima protección de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Amnistía Internacional ha solicitado que el derecho a la vivienda y a la salud aparezcan recogidos en la Constitución española bajo el epígrafe de los derechos fundamentales, algo que mejoraría su protección, garantías y exigibilidad.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)