España: Ninguna administración pública debe ignorar que la vivienda y la salud son derechos humanos
Amnistía Internacional Grupo La Palma llevará a cabo un acto de calle hoy sábado 17 de septiembre de 2011 en la Plaza de España de Santa Cruz de la Palma.
“Nos derriban sin notificación, sin enseñarnos la orden de entrada al domicilio ni la orden de derribo. Día a día sufrimos humillaciones y discriminaciones por parte de la policía. [...] Dicen de nosotros que somos traficantes y delincuentes, sin embargo, somos gente trabajadora que lleva a sus hijos al colegio como cualquier ciudadano… [...] Nos derriban las casas desde los ayuntamientos y nadie pide ayuda por nosotros.”
Extracto del manifiesto de las personas residentes en la Cañada Real que vienen siendo objeto de derribos (2009).
Santa Cruz de la Palma.- La alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua son derechos reconocidos en los tratados internacionales. España está obligada a respetarlos y a garantizarlos para que todas las personas que ven vulnerados estos derechos puedan reclamarlos ante la justicia. Sin embargo, esto es algo que hoy, en España, no es posible en muchos casos.
En España, donde la pobreza afecta a unos nueve millones de personas, los derechos económicos, sociales y culturales no están suficientemente garantizados en la ley, ni amparados por la justicia de manera adecuada. Tampoco la Constitución los protege plenamente; pueden, por tanto, violarse con impunidad. A pesar de las peticiones de Amnistía Internacional, tanto al presidente del Gobierno como al líder de la oposición, la reciente reforma de la Carta Magna ha sido una oportunidad perdido para garantizar la máxima protección de estos derechos. Por ello, estamos hablando de derechos a la intemperie.
El dato de que el 22 por ciento de la población en España está en riesgo de pobreza tiende a incrementarse en un contexto de crisis económica. Estas cifras engloban no solo a personas que no cuentan con un empleo, sino también a aquellas cuyos empleos no las han librado de la pobreza. Las personas que sufren la pobreza están atrapadas en un círculo de exclusión, violencia, inseguridad y falta de voz; y se enfrentan diariamente a amenazas contra su seguridad y la de su familia.
“Los derechos humanos no son un lujo que deba abandonarse en tiempos de crisis económica, sino que deben ser una prioridad si se pretende que la recuperación económica sea sólida y sostenible. Las obligaciones de los Estados no se extinguen ni se atenúan en momentos de recesión económica”.
Invitación a la acción
Amnistía Internacional La Palma realizará un acto de calle en el que llevará a cabo recogida de firmas de todos aquellos que desean apoyar esta causa.
La organización ha puesto en marcha una recogida de firmas a través de su página web (www.actuaconamnistia.org) para exigir a todos los gobiernos autonómicos y a las personas candidatas a la presidencia del Gobierno central que garanticen en todo el territorio del Estado que las personas puedan exigir y hacer valer sus derechos económicos sociales y culturales, sin discriminación.
Más información
La vivienda es un derecho humano
Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, este derecho humano se vulnera cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías. Por todo el territorio estatal hay familias que pierden su hogar, sus raíces, sus medios de vida, por la acción de las administraciones públicas; como ocurre, por ejemplo, en la Cañada Real de Madrid.
Los desalojos que se realizan sin informar previamente, sin permitir que las personas implicadas participen en las decisiones o sin ofrecer alojamientos alternativos constituyen desalojos forzosos, prohibidos por el derecho internacional y considerados violaciones graves de derechos humanos.
La salud es un derecho humano
Toda persona tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Esto tampoco es una realidad para miles de personas que padecen enfermedades mentales. En España, según datos de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Sanidad, existen únicamente seis psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Los recursos públicos en salud mental son limitados y conseguir un diagnóstico o un tratamiento adecuados presenta enormes dificultades. Para algunas personas que padecen estas enfermedades, el contacto con las autoridades se reduce a la contención policial.
Por otra parte, no toda la población española está cubierta por asistencia sanitaria gratuita en España. Según datos del Ministerio de Sanidad, se estima que entre 90.000 y 180.000 personas podrían carecer de cobertura sanitaria asistencial pública por no recibir ningún tipo de prestación por desempleo, o por no haber trabajado nunca. Esta cifra podría haberse incrementado con la actual crisis económica.
La importancia de la información y la participación
Para exigir y hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales, como son la vivienda o la salud, es necesario garantizar el derecho a participar, a asociarse, a expresarse, a acceder a información sobre los derechos y las vías para ejercerlos, a promoverlos y a reclamarlos. La falta de información afecta al derecho de las personas y asociaciones a participar en las decisiones que los afectan.
Un lenguaje excesivamente técnico u opaco puede contribuir a que se den situaciones de exclusión. Para ciertos grupos de población, como son las personas ancianas, niños y niñas, personas con discapacidades o enfermedades mentales, integrantes de la comunidad gitana, personas ‘sin hogar'’ o inmigrantes, puede estar aún más limitado el acceso a la información. En todos los casos, las mujeres sobre las que concurren factores múltiples de vulnerabilidad social y discriminación, encuentran obstáculos aún mayores.
Esta falta de información sigue contribuyendo a que cientos de miles de personas no puedan salir de la pobreza. Si no cuentan con información pueden ser “presas” fáciles de prácticas abusivas. La información es el primer paso para exigir derechos humanos, y su ausencia incrementa los obstáculos para hacerlo. Estas barreras en España son mayores hasta que no se adopte la ley que regule el acceso a la información.
Falta de respaldo jurídico
En España, los derechos económicos, sociales y culturales no están suficientemente garantizados en la ley ni amparados por la justicia de manera adecuada. Ni siquiera la Constitución los protege plenamente ya que en ella se consideran como meros principios rectores de la política social y económica y no verdaderos derechos humanos exigibles directamente ante los tribunales. A pesar de ello, las legislaciones que desarrollan estos derechos pueden y deben incrementar su respeto, protección y realización.
Cada vez más Estados, a través de reformas legislativas y decisiones de sus tribunales, han incrementado el respaldo jurídico y la protección de estos derechos humanos. La salud, la vivienda o el agua no son derechos menores, tienen el mismo peso legal y merecen un respaldo jurídico adecuado, como han venido advirtiendo diversos organismos internacionales.
Información complementaria
El pasado 26 de agosto, ante el anuncio de la reforma de la Constitución, Amnistía Internacional se dirigió por carta al presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, y al líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, para solicitarles que aprovechen esta oportunidad, o se comprometan para el futuro, incluyendo en la reforma la máxima protección de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Amnistía Internacional ha solicitado que el derecho a la vivienda y a la salud aparezcan recogidos en la Constitución española bajo el epígrafe de los derechos fundamentales, algo que mejoraría su protección, garantías y exigibilidad.
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