El consistorio considera demostrado que se cumplió con la ley en la contratación de la obra de cubrición de la cancha de El Pilar.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma presentará un requerimiento ante el Gobierno de España para no tener que reintegrar la cantidad de 445.000 euros que le reclama la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la obra de cubrición de la cancha deportiva del barrio de El Pilar.
El asunto se remonta al año 2009, cuando el Gobierno de España puso en marcha, en dos anualidades, el Fondo Estatal de Inversión Local, conocido popularmente como Plan E, cuyo objetivo era la creación de empleo y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción. El Ayuntamiento presentó un total de 28 proyectos de obra, que fueron debidamente aprobados y ejecutados.
En el caso de la obra de la cancha de El Pilar, la Intervención General del Estado considera ahora que se incumplieron una serie de requisitos, mientras que desde el Ayuntamiento se ha demostrado que ya en su momento la propia Dirección General dio por justificada plenamente la actuación en este proyecto.
Entre otros reparos, la Intervención del Estado alega que la contratación de la obra vulneró la clasificación empresarial exigible, cuando los pliegos de cláusulas eran, precisamente, una copia exacta del modelo facilitado por la Secretaría de Estado. Asimismo se alega que la obra no se concluyó, cuando en realidad el proyecto presentado sólo contemplaba una parte de la instalación deportiva que sí fue concluida. Además se señala que al realizar la adjudicación provisional se tardó un día más de los diez previstos por la ley. Para el Ayuntamiento se trata de aspecto meramente formal que no menoscaba el procedimiento abierto a cualquier empresa, que se siguió con la oportuna claridad, equidad y transparencia.
A pesar de todo ello, la Dirección General ha procedido a iniciar el reintegro de la cantidad de 445.000 euros como devolución del importe de la obra (que estaba valorada en 371.000 euros, más los intereses posteriores), razón por la cual el Ayuntamiento ha presentado un requerimiento. En el caso de no ser atendido, la corporación tiene previsto iniciar un procedimiento contencioso administrativo.
El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juan José Cabrera Guelmes, se muestra convencido “de que finalmente no será preciso recurrir a la vía del contencioso puesto que el procedimiento de contratación llevado a cabo por el Ayuntamiento fue en todo momento conforme a lo establecido en la ley, y esperamos que el Estado así lo reconozca”.
