La consejera popular considera necesario que la Corporación colabore con los ayuntamientos para asumir la responsabilidad y la protección de las personas desprotegidas
La consejera popular del Cabildo Insular de La Palma, Nieves Rosa Arroyo Díaz ha presentado una propuesta que se debatirá en el próximo pleno para que el grupo de gobierno de la Corporación Insular cree una Fundación Tutelar Insular que asuma a la gran cantidad de personas que, cada vez en mayor número, están bajo el umbral de la incapacidad y que tienen por tutor legal a la Corporación Insular.
Arroyo considera necesario también suscribir convenios de colaboración con todos los ayuntamientos para asumir las responsabilidades que se derivan de la designación del Cabildo Insular como responsable de la tutela o curatela de una persona, a través de aportaciones económicas, técnicas y personales.
Además, desde el Grupo Popular consideran oportuno activar la Comisión del Mayor legalmente incapacitado, creada en el marco del Gobierno de Canarias, que actualmente tiene escasa actividad. Por otro lado, Arroyo Díaz cree conveniente que el Cabildo de La Palma fomente la realización de foros de técnicos o comisiones de trabajo de carácter insular donde se pueda debatir esta problemática y articular jornadas de encuentros profesionales para la sensibilización de la población, las familias y el personal técnico.
Finalmente, la consejera popular, que presentará esta moción en el pleno del próximo viernes, espera que a través de este tipo de actuaciones se pueda contactar con fiscales, jueces, personal de la administración de justicia y notarios para crear protocolos de trabajo que agilicen estos procesos con soluciones consensuadas. Apunta que “en la Isla hay mucho vacío sobre este importante asunto, tanto en asesoramiento a la Administración Pública por parte de juristas, como de voluntad política a la hora de acercarse a fiscales y jueces para valorar marcos de trabajo que no hagan tan engorroso el proceso jurídico, y se faciliten herramientas de trabajo conjuntas que resuelvan estas situaciones”. “Por ello es necesario llegar a un proceso que no busque quitar a estas personas de la sociedad sino incorporarlas a ella con un adecuado control y seguimiento”, concluye.
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