El pasado miércoles 7 de diciembre se celebraba un pleno extraordinario urgente en el Ayuntamiento de Tijarafe para tomar conocimiento del informe resultante de la auditoría de gestión encargada por la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias para determinar la participación de la administración local tijarafera en los recursos derivados del Fondo Canario de Financiación Municipal en 2011. Esta auditoría comprende el ejercicio 2010 y revela una mejora notable en todos los principales indicadores de salud financiera en este Ayuntamiento del noroeste de La Palma. Estos indicadores son una mejora del Ahorro Neto del 28% respecto a 2009, una rebaja del Endeudamiento a Largo Plazo en un 2,2%, la considerable mejora del Remanente de Tesorería en un 22,9% y el mantenimiento de unos buenos índices de Gestión Recaudatoria y de Esfuerzo Fiscal, ambos por encima de los niveles requeridos (6,5 puntos más en el primer caso y 25,38 en el segundo).
La obtención de estos resultados, que habían comenzado a mejorar sensiblemente desde el ejercicio 2009, se debe en gran medida a la propuesta, aprobación y puesta en marcha por parte del anterior grupo de gobierno municipal encabezado por el nacionalista Marcos Lorenzo, de un “Plan Municipal contra la Crisis” presentado a finales de 2008 y que ahora está dando sus frutos. Por esto, y a pesar de las dificultades derivadas de la merma de la llegada de recursos a los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Tijarafe era hasta junio de 2011 uno de los que mejores datos presentaba desde el punto de vista de la gestión económica financiera.
Desgraciadamente esta tendencia positiva puede verse truncada como consecuencia de una irresponsable gestión económica por parte del actual grupo de gobierno del PP-PSOE. Esta advertencia ya fue hecha por el grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Tijarafe con motivo de la presentación de los presupuestos 2011. Unos presupuestos aprobados únicamente con los votos de los 6 concejales socialistas y populares del grupo de gobierno y que incumplían las recomendaciones de esta auditoría y del propio secretario-interventor de la corporación sobre la contención del gasto, concretamente en los capítulos de personal y gastos corrientes que aumentaban nada menos que un 16% en ambos casos respecto al ejercicio 2010.
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