Foto: garafia.es
Coalición Canaria – Unión Vecinal de Garafía lamenta que se mantengan los 5 concejales liberados mientras se carga el peso de la crisis sobre trabajadores municipales y vecinos.
En el pleno ordinario celebrado el pasado viernes 13 de abril el grupo de gobierno reconoce la grave situación económica que atraviesa este Ayuntamiento que acumula una deuda contraída con entidades bancarias y proveedores que supera el millón y medio de euros. A esto se une la drástica merma de ingresos derivada de la reducción de los fondos aportados por transferencias de otras administraciones. Frente a esta realidad, el Alcalde y sus compañeros de gobierno han decidido subir las tasas municipales y despedir trabajadores municipales. Lo más penoso es que, por el contrario, se mantienen los sueldos de los cinco concejales liberados que suponen una carga de más de cien mil euros anuales a las arcas de este municipio de menos de 1.700 habitantes.
Aunque el grupo de gobierno reconoce la insostenible situación económica que atraviesa el consistorio, es incapaz de generar recursos que permitan aumentar los ingresos del Ayuntamiento. El portavoz de CC-UVG, Martín Taño, ha solicitado que se informe al pleno y a la ciudadanía sobre los motivos por los que no se han ejecutado proyectos de vital importancia para Garafía como los restaurantes de San Antonio, de Las Tricias o no se ha intentado mejorar la gestión del molino de Las Tricias o del monte público. Aunque estos proyectos podrían generar ingresos al ayuntamiento, no sólo no se impulsan por parte del grupo de gobierno sino que para colmo se intenta culpabilizar a otras instituciones de su propia incapacidad. Este es el caso del aprovechamiento del monte público, respecto al cual han llegado incluso a acusar al Cabildo Insular de permitir su expolio.
El grupo de gobierno demuestra así, una vez más, que es incapaz de poder gestionar adecuadamente los recursos de Garafía y que su único interés es mantenerse en el cargo por su propio beneficio particular, generando encima una carga económica a sus propios vecinos y poniendo en serio riesgo el mantenimiento de los servicios básicos municipales al mermar la ya de por sí limitada plantilla de personal.
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