Las medidas contempladas en la Ley de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia entran en vigor hoy 18 de agosto.
La Senadora destaca la importante apuesta social del Gobierno de Mariano Rajoy que se materializan en Leyes como ésta, centrada en la mayor protección a los menores en situación de riesgo.
Con estas medidas se agilizan los trámites de acogimiento y adopción, se incrementa la protección de menores ante situaciones de violencia de todo tipo, se prevé la creación de un registro de Delincuentes Sexuales y se impide que puedan trabajar con menores condenados por determinados delitos.
Esta norma coloca a España en la vanguardia de la protección de los derechos de los menores.
La Senadora por la isla de La Palma, María de Haro, ha puesto en valor , tras su paso por las Cortes Generales, de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de modificación del sistema de protección de la Infancia y la Adolescencia, que afecta a 12 importantes leyes ya existentes, y que supone un gran avance social, puesto que incrementa las medidas de protección de menores y adolescentes, al tiempo que garantiza una protección uniforme en todo el territorio español homogenizando los distintos modelos de las Comunidades Autónomas.
Destaca de Haro, que la nueva Ley supone un fortalecimiento de la protección de los menores, centrándose en los colectivos más vulnerables. En este sentido, contempla como aspecto destacado la regulación de actuaciones frente a todo tipo de violencia: violencia en el entorno familiar, violencia de género, en el ámbito educativo, sanitario o social, la trata, la mutilación genital femenina, castigos físicos humillantes y denigrantes, o corrupción, con actuaciones concretas como la sensibilización, la prevención, la detección, la notificación, la asistencia y la protección desde la coordinación y la colaboración administrativa y de entidades, que persiguen la eficacia ante situaciones de riesgo.
Igualmente, se refuerzan los derechos de los menores que presentan alguna discapacidad, a los que se les garantizará la accesibilidad a todos los entornos y el acceso a centros educativos, al igual que la continuidad de pautas de apoyo especializado.
Los trámites de acogimiento y adopción también son abordados viéndose agilizados, dando prioridad al acogimiento familiar frente al residencial que incluye figuras novedosas como la adopción abierta o el derecho del menor a conocer sus orígenes. Ésta última se traslada también a los casos de acogimiento. Y se regulan, por primera vez, los centros para menores con problemas de conducta.
En la norma, que entra en vigor hoy día 18, también se recogen, arropada por un amplio consenso, la definición de las causas de desamparo del menor indicando que la situación de pobreza o de discapacidad de los progenitores no podrá ser tenida en cuenta para valorar el desamparo. En ese caso, se apuesta por el apoyo a la familia. El maltrato será el desencadenante para dichas valoraciones.
La protección de los menores ante los casos de Violencia de Género es uno de los pilares de la nueva Ley de Infancia, puesto que los reconoce como víctimas de violencia de género, y se amplía la protección en situación de riesgo, además de los derechos económicos de los menores, como la pensión de orfandad, y las medidas obligatorias que la autoridad judicial debe imponer para asegurar la máxima protección de los menores, con un seguimiento periódico de la evolución de las mismas.
Otro cambio consiste en que al agresor se le suspenderá el abono de la pensión de viudedad desde el momento en que sea imputado, algo que ahora podía suceder.
Entre los aspectos destacados, igualmente, se contempla la prohibición de que desarrollen actividad profesional relacionada con menores, condenados por hechos específicos que hayan tenido que ver con niños o adolescentes, lo que impedirá situaciones que venían produciéndose.
Para ello, será fundamental la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales en cumplimiento del Convenio de Lanzarote, un convenio del Consejo de Europa ratificado por España en 2010 y ello “con el fin de asegurar que se evita por todos los medios la exposición de los menores a situaciones de riesgo. Uno de los mecanismos consistirá en el Registro que se cree, que deberá estar conectado con el Registro Central de Penados y el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad penal de los Menores”.
María de Haro ha afirmado que esta Ley de Protección del Menor y la Infancia coloca a España en un lugar vanguardista de la protección de los derechos de los menores. Además, la senadora palmera ha subrayado la importante apuesta social del Gobierno de Mariano Rajoy que se materializan en Leyes como ésta. “Este Gobierno demuestra con hechos y día a día que su principal preocupación son los ciudadanos y que trabajo por garantizar su bienestar” ha manifestado.
“Sin duda esta Ley marca un antes y un después en la protección a los menores y adolescentes de nuestro país y se trata de una apuesta importante por proteger a aquellos que más lo necesitan en nuestra sociedad como son los niños y los adolescentes” ha indicado.
Una norma de amplio consenso
La normativa que modifica el sistema vigente ha sido consecuencia de un largo y exhaustivo trabajo de diálogo y consenso con las organizaciones sociales dedicadas a dicho ámbito y con los grupos parlamentarios, así como con las Comunidades Autónomas y con expertos universitarios.
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