Los Servicios de Agricultura y Planificación trabajan conjuntamente para regularizar la situación de las casi 600 explotaciones ganaderas alegales que hay en la Isla

El consejero de Planificación del Cabildo de La Palma, Gonzalo Pascual, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Basilio Pérez, están manteniendo reuniones de trabajo con el equipo redactor de la revisión número 2 del Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP), con el objetivo de impulsar todas aquellas acciones que tengan como fin dar seguridad jurídica a las explotaciones ganaderas de la Isla que actualmente se encuentran en situación de alegalidad.

“En el marco de la corrección de errores materiales en la revisión del PIOLP, nos marcamos como objetivo de planificación el poder regularizar el mayor número de explotaciones ganaderas posibles, para poder dar seguridad jurídica a los titulares de las mismas”, explica el consejero de Planificación.

Gonzalo Pascual también apunta que “es primordial compatibilizar los usos ganaderos con los residenciales, tratando de dar solución a las distancias entre las residencias de los ganaderos y las zonas de explotación”.

“Estos empresarios deben realizar su actividad con total garantías, ya que entendemos que el desarrollo del sector primario es un pilar fundamental para la dinamización de la economía insular, porque tiene una gran implantación y sirve como complemento de renta o como actividad principal de muchas familias palmeras”, señala el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Basilio Pérez.

Las explotaciones que se encuentran en situación de alegalidad son alrededor de 600, dedicadas a ganado vacuno, ovino, caprino, porcino, aviar y equino, entre otros.

José Basilio Pérez confía en que el objetivo último de la regularización pueda alcanzarse con estas reuniones de trabajo y con la aplicación de la Ley de Medidas de Urgentes que se ha solicitado por parte del Cabildo Insular a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.

“Estimamos que se podría solucionar en torno a un 90% de los casos y quedaríamos pendientes de estudiar puntualmente la situación de las restantes para contemplar si se puede solucionar su situación de alegalidad desde otro área o desde el planeamiento municipal”, concluye el consejero.