El Vicepresidente recuerda que se trata de un asunto prioritario para La Palma que afecta a más de mil establecimientos.
El Cabildo Insular de La Palma ha reiterado nuevamente al Gobierno de Canarias la necesidad de modificar el decreto 232/2010 de Turismo para regularizar la oferta turística en los suelos rústicos de la isla.
El Vicepresidente, Carlos Cabrera, ha explicado que durante este año 2014 se ha remitido hasta en tres ocasiones un documento a modo de propuesta con las alternativas que plante la Primera Institución Insular palmera para que se dé solución de una vez por todas a la problemática de esta regulación, que se sigue dilatando en el tiempo y, que cabe recordar que los propietarios llevan más de diez años esperando una salida legal que permita un encaje jurídico dentro de la normativa Canaria.
Carlos Cabrera ha manifestado que buscar la fórmula que permita esta regularización ha sido una prioridad para el actual Equipo de Gobierno del Cabildo palmero, conformado por populares y socialista. Ha destacado que se ha esperado un tiempo más que razonable ya que, hasta en tres ocasiones diferentes durante este año, le hemos llegar esta demanda tanto al Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, como a responsables del área de Turismo del Gobierno Autónomo.
“Debemos ser consciente que la regulación de estos alojamientos no podrán llevarse a cabo si no se procede a la modificación de esta norma ya que establece determinados estándares que limitan la extensión de parcelas para su ubicación y también impone particularidades en la construcción que determina su cobertura legal y actualmente debe ser autorizado en el decreto” ha indicado el Consejero.
Por su parte el máximo responsable del Área de Turismo en la Isla Bonita, Raúl Camacho, ha explicado que en La Palma contamos con una oferta en el medio rural que es fundamental para nosotros ya que estamos hablando de más de mil alojamientos de esta tipología y que a día de hoy se encuentran en una situación irregular con todo lo que ello supone.
Camacho, además ha insistido, en que se tratan de elementos determinantes para un turismo de calidad y diferenciado y “dar una salida a esta situación aportará seguridad a un importante número de empresarios turísticos cuya actividad tiene un peso específico en la economía insular y a la que no podemos renunciar”.
Tanto el Vicepresidente como el Consejero de Turismo vuelven a reiterar al Gobierno de Canarias la necesidad de actuar sin más dilación, bien modificando este decreto, optando por uno nuevo o encajando la fórmula legal que dé solución a esta situación a través de las herramientas que se encuentren en trámite.
Ambos dirigentes han destacado que siguen esperando una respuesta del Ejecutivo Autonómico ya que, ahora mismo no se trata de realizar un mayor esfuerzo, sino de tener la voluntad política suficiente para aportar una solución que a todas luces para La Palma es fundamental.
