La moción que presentarán los nacionalistas indica que en la propia norma que se ha usado para imponer un nuevo trámite administrativo a los ciudadanos está también la fórmula para no tener que hacerlo.
Desde hace ya algunas semanas se ha generado una enorme preocupación, e incluso malestar, especialmente entre aquellos palmeros y palmeras que hacen uso y disfrute de las zonas forestales (tanto públicas como privadas) con motivo del requerimiento de una autorización escrita emitida por la Consejería de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias del Cabildo Insular de La Palma, para acceder a aquellas pistas forestales situadas fuera de la red insular de carreteras.
En declaraciones publicadas el 30 de abril pasado, la propia Consejera del área de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias, la popular Nieves Rosa Arroyo, daba una serie de datos sobre la tramitación de estas autorizaciones nominativas que, por otra parte, no tienen reflejo como tales en la legislación a la que se alude para justificar su necesidad. De hecho, la normativa citada, es decir, la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, concretamente en el único artículo en que hace referencia al acceso público a los montes el 54 bis, establece las restricciones oportunas al acceso de vehículos a motor por aquellas pistas forestales situadas fuera de la red de carreteras, si bien reconoce la excepcionalidad a esta norma en el caso de que concurran circunstancias como la adecuación del vial, la correcta señalización del acceso, la aceptación por los titulares, la asunción del mantenimiento y de la responsabilidad civil.
La Portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo, Guadalupe González, señala que “tampoco tienen reflejo en ninguna parte de esta normativa estatal las limitaciones a las que se hacía referencia en las declaraciones de la Consejera, concretamente las referidas a la imposibilidad de formar caravanas de más de tres vehículos o las que afectan al tipo de vehículos que pueden obtener autorización escrita para poder circular por estas pistas”. Al parecer, esta autorización se limita a todoterrenos, vehículos utilitarios SUV o todocaminos, motocicletas tipo trail, o equipadas con ese modelo de neumáticos, así como enduro o cross, quedando excluidos todos los demás tipos de vehículos “normales”, lo cual incluye al tipo de coche de alquiler estándar usado por los turistas que visitan nuestra isla.
“Desconocemos”, continúa González Taño, “qué tipo de instrumentos/criterios jurídicos o técnicos se han utilizado por parte de esta administración para amparar estas limitaciones tan concretas, de la misma manera que desconocemos qué pistas forestales del conjunto de las existentes en la isla se considera que quedan exentas por ser servidumbres de paso, gestión agroforestal y labores de vigilancia y extinción de incendios, tal y como se recoge en la noticia publicada y en la propia normativa estatal. Pero en cualquier caso, lo que sí está claro es que en el propio texto normativo se establece el cauce y la posibilidad de autorizarse el tránsito abierto motorizado por este tipo de vías forestales. Sólo es cuestión de ponerse a trabajar y eso es precisamente lo que le pedimos mediante esta moción al grupo de gobierno que haga, en lugar de quejarse y confundir a la población en los medios de comunicación”.
“No podemos olvidar”, concluye Guadalupe González, “que la mayor parte de las vías consideradas como forestales en nuestra isla resultan cruciales tanto para las personas que desarrollan algún tipo de actividad en las zonas forestales y de las medianías altas (no olvidemos que muchas de esas pistas sirven de acceso a propiedades privadas con explotaciones vitícolas, ganaderas, silvícolas, extractivas como el caso del agua, etc.), como para acceder a rincones únicos de incomparable belleza y que suponen un enorme atractivo desde el punto de vista turístico, como para, evidentemente, poder acceder a determinadas zonas y desarrollar labores de prevención y extinción de incendios. No podemos desde las administraciones, salvando como resulta lógico aquellas limitaciones insalvables establecidas realmente en la Ley, continuar imponiendo o inventando restricciones a la hora de hacer un uso siempre sostenible del territorio, allí donde un conjunto de personas vive e interactúa a diario”.
