El alcalde señala que se dará máxima difusión a esta nueva normativa para que todos los ciudadanos la conozcan
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma llevará al pleno del próximo viernes la aprobación inicial de una ordenanza municipal de “Protección de la convivencia ciudadana”, un marco normativo similar al que existe en muchos municipios de nuestro país y que abarca numerosos aspectos relacionados con la conducta cívica de los ciudadanos.
El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juan José Cabrera Guelmes, explica que con esta nueva normativa, que ya cuenta con un informe técnico favorable y ha sido aprobada en comisión, “pretendemos actualizar la normativa municipal existente en esta materia, que se ha quedado obsoleta en numerosos puntos, con el fin de regular en una única ordenanza todos los aspectos relacionados con la convivencia ciudadana e incluir aspectos no regulados hasta la fecha”.
La nueva normativa abarca un amplio número de aspectos, como los relativos a los derechos y obligaciones de los ciudadanos, actuaciones prohibidas, autorización municipal, celebración de actividades cívicas, culturales, lúdicas y deportivas, rotulación de las calles y el uso de los espacios públicos, entre otros.
“Lo que tratamos es de adaptar a los nuevos tiempos las ordenanzas vigentes, de manera que el ciudadano conozca perfectamente cuál es la normativa y el correcto funcionamiento en temas cotidianos, desde el servicio de recogida de basura hasta el uso del mobiliario urbano, la publicidad sonora, actividades comerciales o las obras realizadas en la vía pública”, señala Juan José Cabrera Guelmes, quien anuncia que el Ayuntamiento dará máxima difusión a esta nueva normativa para que todos los ciudadanos la conozcan.
Con esta ordenanza también se actualiza el régimen sancionador, con el fin de garantizar al máximo la protección del patrimonio de la ciudad, de manera que por ejemplo los actos vandálicos tendrán la máxima carga sancionadora.
Juan José Cabrera Guelmes comenta que la propia Policía Local de Santa Cruz de La Palma reclamaba esta regulación y ha sido también promotora de esta ordenanza “porque facilita su trabajo día a día al verse amparados con una base jurídica”.
